DESESPERADOS

[antara]

Mal vender, aplazar el problema poco más de diez años y agrandar el problema financiero. La Generalidad pagará más de 40 millones de euros al año para utilizar los edificios que espera vender y ya utiliza. Es una operación para obtener dinero en caja ahora pero que puede suponer una ruina al cabo de tres lustros.

CiU ha puesto a la venta una treintena de edificios de oficinas que gestiona y utiliza la Administración autonómica. En estas operaciones, los nacionalistas esperan obtener alrededor de 550 millones de euros. Sin embargo, las oficinas en uso deberán mantenerse con el alquiler de los edificios. La delicada situación financiera de la Generalidad permitirá este tipo de gestiones, por las que se venderán las oficinas por debajo del precio de mercado para que entre dinero en seis meses.

Según publica El País, este jueves, si se tienen en cuenta las rentas anuales que deberá pagar por los edificios que pone en venta en Barcelona (entre ellos, las sedes de las consejerías de Enseñanza, la de Agricultura o la de Territorio) los 550 millones que obtendrá apenas darán para pagar los alquileres de trece años. Además, la Generalidad se comprometerá a pagar un alquiler por 25 años, por lo que la factura seguirá sangrando las cuentas públicas al menos doce años, y al finalizar ese periodo se habrá quedado sin patrimonio.

El tripartito adquirió patrimonio

Desde la Generalidad se apunta que los cerca de 40 millones de euros en alquileres que pagará por los edificios que vende y ya utiliza permitirán sanear el endeudamiento público de la Administración autonómica y, además, ayudarán a deshacerse de 29 millones de euros que gasta en concepto de intereses por los censos enfitéuticos, un sistema medieval que utilizó para comprar, en su día, 26 edificios sin desembolsar toda la cantidad en forma de hipoteca con intereses y sí pagando directamente al dueño durante un largo periodo de tiempo.

La mayoría de los edificios que CiU pone en venta, según recoge el diario del grupo Prisa, fueron comprados después de 1994. El tripartito ya se dedicó a adquirir, tras 2004, edificios para la Generalidad ya que calcularon que a largo plazo las cuotas anuales a las que haría frente serían menores que con las rentas.